SENAME, ¿una solución real para los niños en situación de riesgo social?

El Servicio Nacional de Menores (SENAME), es el organismo estatal chileno encargado de la protección de derechos de los menores de edad y adolescentes ante el sistema judicial. Además, está encargado de regular y supervigilar las adopciones de menores. Los derechos de los menores de edad ¿son realmente protegidos por este organismo? Este año se descubrió que ha fallecido una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a esta institución, ante esta situación cabe preguntarse ¿Qué fue realmente lo que ocurrió con estos niños (as) y adolescentes?, ¿Cómo es la calidad de vida de los niños y niñas institucionalizados?, ¿En Chile realmente se respetan los derechos del niño? Estas y otras interrogantes dan paso a cuestionarse si realmente ésta institución es una solución efectiva ante la necesidad de protección de la población infanto-juvenil de los estratos socioeconómicos más vulnerables de la población chilena

De acuerdo a la página oficial del SENAME, en relación a los fallecimientos de los niños, niñas y adolescentes, el organismo declara que en el periodo comprendido entre 2005 y el primer semestre de 2016 fallecieron 210 niños, niñas y adolescentes en los recintos del SENAME, además de lamentar las cifras de muertes de niños y niñas, resulta preocupante que en la mayoría de los casos se desconocen las causales de las defunciones o estas causas no son concluyentes.

Resulta evidente que actual sistema de protección del estado para la infancia no está ejerciendo su rol y abordando de manera adecuada las garantías y derechos de niños y niñas que están bajo la protección del servicio nacional de menores. Es entonces que es prioritaria la necesidad de tomar medidas urgentes y posibilitar un cambio profundo dentro de la institución.

Para dar cumplimiento a la protección de niños (as) y adolescentes, es necesario considerar el contexto de vulnerabilidad de donde proviene esta población, se presentan así, consumo de drogas, alcohol, actividad delictual , situación de calle, abuso sexual, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, y/o situación de precariedad económica, solo por mencionar algunas.

Las familias de estos niños al encontrarse en situación de vulnerabilidad, no poseen las herramientas ni recursos para llevar a cabo procesos judiciales donde se puedan entregar respuestas a las muertes de sus hijos, consideramos que el primer paso para el reconocimiento de derechos tanto de las familias como de los niños es la transparencia de la información, se debe entregar evidencias y respuestas fidedignas a los familiares de los menores fallecidos, este es el primer paso para saldar la deuda que tiene el estado chileno con los niños, niñas y adolescentes que están bajo su sistema de protección.

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La vulneración de derechos hacia los menores tiene causas y consecuencias estas se pueden evidenciar en la conducta y expectativas y estilos de vida, no es casual entonces que estos menores estén expuestos mas tempranamente a un entorno hostil, discriminatorio, violento, con posibilidades de consumo de droga y alcohol, actividades delictuales, desarrollo de trastornos afectivos y enfermedades mentales, por citar algunos.

Según un reportaje del Centro de Investigación Periodística (CIPER) realizado por Juan Andrés Guzmán y publicado el 27 de agosto del 2013 refiere que el poder judicial tiene control sobre los niños y niñas del SENAME, por lo que se realizó un completo informe a partir de una investigación del Ministerio Público en los distintos organismo del SENAME de todo el país, evidenciándose un alto porcentaje de riesgo de vulnerabilidad e irregularidades por parte de este organismo, dejándose al descubierto los siguientes problemas; abusos sexuales por parte de los mismo niños o adultos del recinto, falta de atención médica respecto a la salud mental y física, ya que muchos de ellos no tienen ficha médica actualizada, además de que existen niños con enfermedades crónicas y discapacidad, las internaciones prolongadas debido a que los jueces envían a niños a los hogares a recibir tratamientos sin plazo establecido. Por otro lado la falta de educación ya que existen niños de edades avanzadas que no saben leer, lo que termina afectando su autoestima y participación social.

Respecto a lo analizado anteriormente creemos que evidentemente la calidad de vida de estos menores se ve afectada y no existe una causalidad única, si no que convergen distintos factores, que dan como resultado la merma en la calidad de vida y desarrollo de los menores. En primer lugar, no existen suficientes funcionarios capacitados para cubrir las necesidades de los niños y niñas, segundo, la organización y protocolización del organismo no es la adecuada ante situaciones de salud, tercero, escasa fiscalización en torno a las autoridades, funcionarios, manejo y control de estos centros, a esto se suma un creciente aumento de privatización de los centros del SENAME. Por último, la insuficiencia de recursos económicos o la mal distribución de ellos para cubrir plenamente las necesidades de salud y educación de los niños.

Al ver que estos niños se encuentran expuestos a situaciones de riesgo en igual o peor magnitud de las vividas fuera del SENAME, nos hace plantearnos la idea de si realmente se quiere proteger a estos niños o sólo se busca esconder las falencias del Estado de Chile en cuanto al cumplimiento de los derechos de todas las personas, partiendo del círculo familiar donde se produce el primer contacto de estos niños con el mundo exterior y donde deberían comenzar las intervenciones para evitar futuras situaciones de riesgo. Estos nos hace concluir que tener acceso a recursos básicos, como un techo donde vivir, alimentos, servicios sanitarios, acceso a educación, salud, apoyo psicosocial, en síntesis el derecho a vivir en condiciones de bienestar material, afectivo, psicológico, físico, económico, es necesario para el desarrollo integral de los menores.

Teniendo en cuenta que el círculo familiar juega un papel importante en la vida de estos menores, este se puede convertir en un factor protector o de riesgo, si la familia se constituye como un factor de riesgo para el menor resulta necesario el apoyo y vigilancia del estado para mejorar las condiciones de bienestar del menor y prevenir situaciones de riesgo y vulneración.

Por otra parte el Estado tiene el deber de regular y resguardar que se cumplan los derechos de estos niños y jóvenes, a tener acceso a las diferentes oportunidades y suplir sus necesidades básicas. Desde nuestra perspectiva lo que se está realizando a través del SENAME es tratar las consecuencias de las deficiencias del sistema de protección hacia la infancia y el abordaje deficiente de esta población a través de las políticas públicas y programas sociales, es por esto que resulta necesario tratar las causas estructurales que gatillan la separación de estos niños de su residencia y su familia.

A continuación se presenta un extracto de una Entrevista realizada a una ex voluntaria del SENAME ubicado en la comuna de Victoria, llamado Hogar San Pedro Armengol, siendo administrado por la Iglesia Católica. Ella nos cuenta que hizo este voluntariado desde el año 2010 hasta el 2013 cuando el hogar dejó de estar en manos de la congregación católica, quedando sólo 11 de 90 niños al interior del hogar. “Las edades de estos niños fluctuaban entre los 4 a 18 años, la mayoría de los niños entraban a este hogar por gestión de la Justicia siendo alejados de sus familias por VIF, violaciones, vulneraciones, entre otras. En esta institución existían dos psicólogos, un asistente social y “tías” encargadas de los niños; se subdividían por sexo y edad, y las hermanas mercedarias, ellos se regían por reglas, pero cuando los niños no las cumplían, eran víctimas de violencia verbal y psicológica, siendo además tomados por los brazos y llevados a sus piezas a la fuerza. Varias niñas intentaron suicidarse y en el año 2013 una de ellas se suicidó” (A. Jara, 2016)

Además, señala, que los psicólogos no se preocuparon de la situación en que se encontraban los menores , estos se sentían solos y las encargadas trataron de ayudarlos, pero no fue suficiente, existían casos de Bullying dentro del hogar debido que los niños presentaban conductas agresivas. Relata que los niños tenían grandes carencias en el ámbito afectivo y constantemente buscaban ayuda en los voluntarios.

A través de esta entrevista podemos concluir que existe desigualdad e injusticia en las prestaciones de cuidados que deben ser otorgadas a niños y niñas que han sufrido traumas y que estos no reciben la atención necesaria para lograr superar sus situaciones de vulneración.

Entonces, ¿SENAME es una alternativa para el cuidado y protección de la infancia? Consideremos que esta institución no es una solución eficaz y que verdaderamente no lucha por la situación de vulnerabilidad que sufren los menores en Chile, las falencias de organización, fiscalización y recursos económicos que no cubren las necesidades, constituye y da paso a la violación sistémica de los derechos del niño.

A raíz de las cifras que se hicieron públicas en torno a la alta tasa de fallecimientos dentro del recintos del SENAME, se ha accedido a mayor información y se pude realizar con mayor claridad una radiografía del sistema, como sabemos este tipo de vulneraciones han sido largas en el tiempo, escondidas detrás de las paredes de los centros, ante pasividad de la opinión pública y autoridades.

Como futuros Terapeutas Ocupacionales creemos fielmente que se necesita compromiso personal y social respecto a la infancia y respeto por los derechos de los niños, es necesaria la organización y articulación de los distintos ministerios (justicia, desarrollo social, educación), con organismos públicos y privados, se debe considerar las realidades locales y regionales para la gestión de medidas de acción con pertenencia cultural y social, potenciar habilidades y propiciar la incorporación de herramientas de afrontamiento en el plano educativo, social y posteriormente laboral, es necesario visibilizar la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas, tener una participación activa en torno a la defensa de los derechos del niño para propiciar la creación de políticas públicas y/o modificación por ejemplo de la ley sobre la adopción, se debe detectar rasgos individuales de personalidad en el niño para eliminar factores que conduzcan a situaciones de violencia o situaciones de estrés realizando acciones de seguimiento. Es esencial considerar aspectos como la motivación, ciclo vital y las condiciones ambientales en el trabajo con esta población, pero también es esencial no tener una actitud de pasividad ante este tipo de vulneraciones, es necesario el reconocimiento de los niños como seres que requieren la satisfacción de necesidades y cuidados propios de su ciclo vital.